La Paz. – El paro indefinido de los cívicos cruceños, y su negativa al diálogo, tiene la intención manifiesta de “procurar la desestabilización del Gobierno, a tal grado de acortar el mandato presidencial de Luis Arce”, advirtió el semanario La Época, en su editorial de este domingo.
El rotativo paceño considera que la intención es asignar al vicepresidente David Choquehuanca la tarea establecida por la Constitución Política del Estado de lanzar la inmediata convocatoria a elecciones generales.
“Es decir, lo que está en marcha es un nuevo golpe de Estado, aunque la interrupción de la democracia asuma una forma distinta a la de noviembre de 2019, cuando una combinación de alzamiento civil y militar derrocó al expresidente Evo Morales”, precisa el influyente medio paceño en cuya opinión el uso del Censo como mecanismo de desestabilización ha sido confirmado en las últimas horas.
“A pesar del extremado esfuerzo hecho por el Ejecutivo para alcanzar un acuerdo con el Comité Interinstitucional de Santa Cruz (Comité Pro Santa Cruz, Gobernación y Universidad René Gabriel René Moreno) y evitar así un paro indefinido, el cálculo político, pero, sobre todo, el proyecto político que se esconde en la medida extrema, ha impedido que los bolivianos y las bolivianas empiecen con tranquilidad los últimos días del mes”.
Diálogo de hora y media
Fernando Camacho, el sábado en Santa Cruz, rompió diálogo con el Gobierno tras hora y media y dos cuartos intermedios.
Un poco más de una hora y media se extendió, en los hechos, el diálogo que propició el Gobierno y que rompió el gobernador luego que no se aceptara su intento de imponer que el censo sea en 2023.
En contrapartida, el Gobierno planteó, como había sido un principio de coincidencia, que la fecha sea definida por un estudio técnico.
Pasadas las 09.30 se reunieron las comisiones de negociación en ambientes de una entidad pública, ubicada en el segundo anillo de la capital oriental. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, estuvo al frente de la comisión oficial, mientras que Camacho estaba al mando de cívicos y de autoridades de la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM).
En la mesa de diálogo estaban 17 personas. Después de un minuto de silencio por la muerte de Julio Pablo Taborga en Puerto Quijarro, como consecuencia de golpes que le propinaron personas que estaba bloqueando, empezó la reunión y lo primero que acordaron fue evitar nuevos enfrentamientos. Cerca de las 10.00 declararon el primer cuarto intermedio hasta las 12.00.
Retornaron pasadas las 12.00. Camacho llegó en una moto negra escoltado por otro grupo de motocicletas. Cuando se dirigía a la instalación estatal se cayó y se levantó rápidamente, en medio de gritos de no grabar el incidente. A las 12.37 se reinstaló la reunión. Prada fue la primera en intervenir y recordó el planteamiento hecho de censo en abril y redistribución de recursos económicos ese mismo año.
“Es la voluntad de conversa hasta salir de esta mesa con una solución”, aseguró, mientras que el rector de la UGRM, Vicente Cuéllar, planteó trabajar en una norma que anule del decreto 4760 el censo de 2024, para que un trabajo técnico defina la fecha. Camacho puso frenó y explicó que “desmenuzaría” lo que había dicho Cuéllar: censo en 2023, como definió el cabildo.
Prada le recordó que los sectores sociales también hicieron un cabildo el viernes y aprobaron su rechazo al paro y defensa a su derecho al trabajo. “En ningún momento hemos buscado violencia, hemos buscado este escenario”, recordó.
Más allá de las diferencias hubo coincidencias en que la fecha del censo debiera ser resultado de un trabajo técnico. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, quien también estuvo en la cita, destacó, justamente, que “haya más coincidencias que diferencias”, pero al parecer esa visión no fue del agrado de Camacho.
Desde ese momento hubo una serie de intercambios de recados verbales al oído entre Cuéllar, Camacho, el cívico Stello Cochamanidis, uno de los más radicales, y el abogado de la UGRM José Luis Santiesteban. Era cerca de las 13.20, 40 minutos después de reinstalada la mesa de conversaciones, cuando Cuéllar pidió un nuevo cuarto intermedio.
Camacho y su equipo se reunieron en una sala externa al ambiente principal, a la espera de que diseñen una propuesta en la línea de coincidencia, fecha del censo en función a un estudio técnico. A las 16.50 volvieron a la reunión, pero la posición cambio y se mantuvo la de siempre, censo en 2023 y resultados en 120 días.
“Ese período de sentarnos en mesas técnicas ya pasó”, sentenció Camacho y minutos después, a las 17.16, abandonó y rompió el diálogo. En los hechos, el diálogo se extendió por un poco más de una hora y media, porque el resto de la jornada se ocupó en el tiempo de los dos cuartos intermedios.
El portavoz presidencial Jorge Richter desafió a Camacho, Cuéllar y Cochamanidis a quedarse y demostrar técnicamente que su propuesta es viable, no tuvo eco.
“Nunca tuvo una voluntad de diálogo real, él ya ha venido con una consigna establecida (y ha roto el diálogo)”, denunció Prada, aunque reiteró en una conferencia de prensa que el Gobierno mantiene la predisposición de dialogar.
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