Por Soledad Buendía Herdoíza * -.
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, a través del DS 607 convoca a referéndum para modificar 17 artículos de la Constitución de 2008, introducir 15 nuevos articulados, seis disposiciones generales y 10 disposiciones derogatorias. La Carta Magna, en su Artículo 147 numeral 14, lo faculta a convocar a consulta popular cumpliendo dictamen previo y vinculante de constitucionalidad.
El Artículo 441 señala que la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado; que no establezca restricciones a los derechos y garantías; o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución; se realice mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el 8% de las personas inscritas en el registro electoral.
La propuesta que busca consultar y engañar al pueblo, como lo hizo el antecesor expresidente Moreno, tiene como trasfondo el manejo de todas las autoridades de control del Estado. Para ello presenta ocho preguntas maniqueas.
La primera pregunta, relacionada con la extradición, forma parte de su discurso fascista para combatir la inseguridad. La pregunta dos plantea la creación de un Consejo Fiscal con siete integrantes nombrados a dedo. La pregunta tres, sobre la disminución de asambleístas, aumentará la representación de las provincias más grandes en detrimento de las más pequeñas, afectando la representación de los migrantes.
La pregunta cuatro plantea que las organizaciones políticas tengan un archivo de afiliados, obligando a los movimientos políticos a recoger nuevamente firmas para golpear a sus opositores, en especial al movimiento de la Revolución Ciudadana, al que intentan proscribir.
Las preguntas cinco y seis buscan el nombramiento a dedo de todos los cargos de control del Estado, cambian también el mecanismo de selección de los consejeros de Participación Ciudadana.
Las preguntas siete y ocho, sobre el subsistema de protección hídrica y el pago de servicios ambientales, son una cortina de humo para adornar las preguntas y maquillar sus verdaderas intenciones.
El uso político de una herramienta constitucional, como es la de consultarle al mandante, en Ecuador ha traído consecuencias terribles para la democracia y sus instituciones. En 2023, los resultados, de ser aprobadas las ocho preguntas, no serán distintos, y solo permitirán el aumento y la concentración del poder en las élites gobernantes y le robarán al pueblo las oportunidades de días mejores.
* Asambleísta ecuatoriana.
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