Por La Época -.
El vicepresidente del Estado Plurinacional y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), David Choquehuanca, ha convocado a las tres fuerzas políticas representadas en ese órgano a una reunión de trabajo este lunes para acordar la ruta de realización de las elecciones judiciales en este año. El llamado se produce en medio de un bloqueo de carreteras que despliega la facción conservadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), aunque la medida se desarrolla predominantemente en el departamento de Cochabamba.
La convocatoria de Choquehuanca ha provocado una respuesta del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien le ha dicho que si la preocupación es sincera la reunión se tuvo que producir este fin de semana. Las palabras de mandamás del Senado no han sido seriamente recibidas, pues es otra respuesta la que se esperaba, salvo que sea el anticipo de una nueva acción de bloqueo. En los últimos meses Andrónico ha abandonado su posición de equilibrio y ha optado por ser la punta de lanza de los duros ataques contra el presidente Luis Arce, a quien se le están boicoteando sus medidas económicas.
De hecho, ha sido en el Senado donde se produjo un acuerdo firmado entre una facción del MAS y los partidos opositores Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) para llevar adelante una agenda de presión sobre el Órgano Ejecutivo y en el cual el punto siete establece el pedido de “debido proceso a los presos políticos”, lo cual es demasiado sensible por sus efectos políticos dentro y fuera del país. Eso implica, por ejemplo, apuntalar a una corriente de opinión que considera que el actual Gobierno es una dictadura, una caracterización que de manera sorpresiva ha sido afirmada por el expresidente Evo Morales.
Pero el acuerdo más sorprendente de la oposición de derecha con la facción conservadora del MAS, a la que el presidente Luis Arce ya le define como la “nueva derecha”, es la aprobación del proyecto de ley 144 por el que se pensaba ir a elecciones judiciales, a pesar de que la mayor parte de sus normas, ya observadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), estaban contra los preceptos contenidos en la Constitución Política del Estado (CPE). Uno de los artículos cuestionados (32) fijaba puntajes a tres indicadores, pero hacía omisión clara a la necesidad de una evaluación integral de los aspirantes a ser seleccionados para las elecciones judiciales; y otro (36) consecuencia del primero, señalaba la conformación de “planchas” para la elección de magistrados y vocales del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional. Es decir, la oposición de derecha clásica y la nueva derecha iban a actuar en bloque y con eso retornar al cuoteo típico de la democracia de pactos neoliberal.
Esta acción conjunta contra el presidente Arce ese momento no tenía como elemento político la sentencia constitucional que, como consecuencia de la Opinión Consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), inhabilita a Evo Morales para las elecciones de 2025. Este componente nuevo abre la interrogante sobre si la oposición clásica se sumará al evismo para aprobar una ley que llame a elecciones judiciales con el solo objetivo de controlar el Órgano Judicial y el TCP para revertir esa sentencia, lo cual va contra la naturaleza irrevisable de los fallos del TCP.
A la par del bloqueo de carreteras parcial que el evismo tratará de ampliar en las siguientes horas, la ALP será desde este lunes un campo de disputa por el carácter y la finalidad de una convocatoria a elecciones judiciales.
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