Bolivia se encontraba, en mayo de 2005, en otra fase de su profunda crisis estatal. Estados Unidos, por medio de sus partidos tradicionales, pretendía convertir en presidente y en uso de la línea sucesoria (tras la capitulación de Carlos Mesa) al senador Hormando Vaca Diez. Días de tensión finalmente dieron paso a la presidencia de Eduardo Rodríguez Vetlzé.
Entre el año 2000 y el 2005, Bolivia vivió uno de los periodos más críticos, política y socialmente, de toda su historia republicana. Doce años después cuesta imaginar que el quiebre histórico que se produjo el 2005, en forma pacífica y democrática, logró abrir para el país un nuevo horizonte de renacimiento soberano y digno.
La resistencia del pueblo, a través de sus organizaciones sociales, se había ido agudizando en el trascurso de ese lustro, llegando al límite, ante la impotencia e incapacidad del gobierno presidido por Carlos Mesa, que su reiterada renuncia a inicio del mes de junio del 2005, no fue sino la única forma de salida no violenta que se podía encontrar, aun cuando el tema de la sucesión constitucional abría otras pugnas de poder. En la línea de sucesión establecida por la carta magna debía ser el vicepresidente el que asuma la presidencia, pero Mesa había iniciado ya la línea de sucesión 20 meses antes y no al no haber un vice, correspondía al legislativo tomar la posta del gobierno a través del presidente del senado o, en su caso, del presidente de diputados.
Ambas presidencias se encontraban en manos de dirigentes de los mismos partidos que habían gobernado el país durante más de veinte años, un mirista presidía el senado y un movimientista la cámara de diputados y, obviamente, la presión social no solo pedía el alejamiento de Mesa, sino y sobre todo, de esos partidos, por lo que la sucesión pasa a otro poder del Estado que casi nunca había sido tomado en cuenta en estos afanes, el poder judicial. De acuerdo a la constitución, siguiendo la línea de sucesión presidencial, ante la renuncia de Mesa y el acuerdo tácito para que ni Hormando Vaca Diez (MIR) ni Mario Cossio (MNR), a la sazón presidentes de las cámaras legislativas, asumieran la presidencia, quedó habilitado el presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien debía asumir la primera magistratura del país con el único objetivo de convocar y llevar adelante elecciones generales.
¿Gobierno débil?
El 9 de junio de 2015, en una sobria ceremonia realizada en la capital de la república, asumió la presidencia de la república Eduardo Rodríguez Veltzé, que hasta ese momento presidía la Corte Suprema de Justicia. Este destacado jurista, hombre de leyes, dedicado totalmente al estudio del derecho, no tenía, ni tuvo, ambiciones de protagonismo político, por eso y aunque la sucesión era inminente, fue tomado por sorpresa por la responsabilidad que la patria le otorgaba. No estaba en su ánimo asumir esas funciones, como su entorno más cercano lo pudo percibir en aquel momento, pero su responsabilidad de boliviano fue más fuerte que su voluntad.
El gobierno que presidió por un periodo de casi ocho meses, tiene ciertas características particulares que vale la pena hoy ponerlas de relieve o simplemente recordarlas a quienes pudieron haberlas olvidado.
Un primer problema fue la conformación de su gabinete, pues al no contar ni ser parte de ningún partido político, no tenía una estructura de cuadros y dirigentes que fueran quienes lo acompañen en la administración del Estado, entonces surgieron presiones de viveras índole, de los mismos partidos tradicionales y de organizaciones sociales y empresariales. Fue, por tanto, una tarea, por decir lo menos, complicada, la designación de sus inmediatos colaboradores. No todos quedaron satisfechos, algunos se fueron tirando la puerta, pero se logró establecer un gabinete adecuado a un periodo de transición como el que se desarrollaría hasta el 22 de enero de 2006.
Sin embargo, las presiones no cesaron allá, muchos sectores empezaron a plantear demandas que no era posible atenderlas por las características propias de un gobierno de transición, ya que tomó la administración con un presupuesto aprobado, muy limitado desde luego, y porque no contaba con ninguna posibilidad de gestión parlamentaria, debido a que no tenía una bancada propia que coadyuve al interior del poder legislativo. Muchas de estas demandas estuvieron incluso digitadas desde los propios partidos desplazados del gobierno. Una de los más complicados por su duración y por los efectos en la población fue el de los propietarios de autos indocumentados, conocidos como “chuteros”, que durante meses exigieron una norma que les permita regularizar la internación ilegal de esos motorizados al país. Era por demás evidente que estos estuvieron siendo patrocinados por un senador del MIR que había adquirido compromisos previos con ellos. Eduardo Rodríguez no cedió ante tal demanda.
Otros sectores empresariales y sociales también pretendían que ese gobierno, supuestamente débil, atendiera sus demandas, algunos sectores de campesinos e indígenas del oriente, empresarios, movimientos cívicos y la COR de El Alto, entre otros, consideraban el momento adecuado para presionar y lograr sus objetivos.
Que no se vaya el presidente
La convocatoria a elecciones ya estaba en curso, el mes de diciembre de 2005 Bolivia elegiría un nuevo presidente, un nuevo gobierno, pero no todos estaban de acuerdo con estas elecciones y menos con la ya anunciada victoria de Evo Morales en esos próximos comicios.
En una reunión realizada una mañana de octubre en un tradicional hotel de la ciudad de Santa Cruz, entre la dirigencia cívica y empresarial de ese departamento y funcionarios de gobierno a la cabeza del ministro de la presidencia, surge un pedido a la delegación de gobierno de transmitir al presidente Rodriguez Veltzé el pedido de este sector de que se posterguen las elecciones hasta el 2007, porque consideraban que las condiciones para la elección ese año no eran las más adecuadas para ese sector y para esa región del país. Hubo el ofrecimiento de apoyo incondicional de parte de sus organizaciones y de todos sus parlamentarios para que se asuma esa decisión.
Posteriormente, entre noviembre y diciembre, la Central Obrera Regional de El Alto plantea al gobierno la aprobación de un proyecto urbano para esa ciudad, bajo el nombre de “Corazón Urbano”, que implicaba entre otras cosas el loteamiento de los terrenos del aeropuerto internacional y de la fuerza aérea y el control de la administración de la autopista La Paz- El Alto por veinte años, proyecto diseñado e impulsado por empresarios privados ligados al MIR. La COR alteña desarrolla movilizaciones y medidas de presión destinadas a lograr su objetivo, las cuales logran en una primera instancia la postergación de las elecciones por una semana, de la fecha inicialmente prevista. Sin embargo, a decir de los propios dirigentes de entonces de la organización sindical, si bien el proyecto lo consideraban importante, para ellos sus movilizaciones pretendían la postergación indefinida de las elecciones porque no quería que Evo Morales sea el próximo presidente. Algunos de esos dirigentes el 22 de enero de 2006 se encontraban en Palacio de Gobierno y en la plaza Murillo vitoreando al nuevo presidente.
Decisión y firmeza inalterables
Puede considerarse que el gobierno de Eduardo Rodríguez fue débil, por la carencia de un aparato político partidario de respaldo, que además le permita el apoyo de ciertas organizaciones sociales; sin embargo, demostró coherencia, decisión y fortaleza, porque puso la mirada a un fundamental objetivo, que fue la razón de su presencia en palacio de gobierno, convocar y realizar elecciones generales para dotar a Bolivia de un nuevo gobierno democráticamente elegido y que pusiera fin a ese quinquenio de crisis institucional que vivió el país. Objetivo logrado, habiendo realizado hasta ese momento de la historia, las elecciones más limpias y transparentes jamás realizadas antes en Bolivia, debido a que esa fue la instrucción del presidente Rodríguez a sus colaboradores y porque el gobierno no patrocinaba a ningún candidato.
Eduardo Rodríguez Veltzé no cedió a ningún tipo de propuestas de romper con el mandato constitucional ni de presiones del mismo género para prorrogar su presencia en palacio. Antes de asumir la presidencia, el 9 de junio, su decisión estaba tomada y la única razón de cumplir la sucesión presidencial fue precisamente la de cumplir con lo que establecía la Constitución y así lo hizo, entregando la administración del país a un nuevo gobierno, legal y legítimamente elegido por el voto soberano del pueblo boliviano.
Fue un periodo corto, difícil, pero ejemplar porque mostró que se puede ser consecuente con los principios y se estaba rompiendo con un pasado de oprobio para dar paso a una nueva patria, esa fue la importancia de esa transición que seguramente no es conocida por muchos bolivianos, pero que marcó un hito en nuestra historia y que debe ser reconocida como tal, hoy, 12 años después.
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