Quito-. Octubre de 2019 quedará marcado para muchos como el momento en el que Ecuador se unió en una sola voz contra el neoliberalismo, expresado en medidas económicas perjudiciales para los sectores de menos ingresos en el país sudamericano.
La reacción simultánea en numerosas ciudades de la nación andina comenzó a partir de la entrada en vigor del Decreto 883, emitido por el presidente de la república, Lenín Moreno, mediante el cual se eliminaron los subsidios a la gasolina extra y el diésel, lo que ocasionó el alza inmediata en los precios de esos carburantes, en el transporte público y alimentos de la canasta básica.
Paros laborales, marchas y obstaculización de vías fueron algunas de las acciones realizadas en ciudades como Quito, Cuenca, Guayaquil, Ambato Y Latacunga. Desde todas las regiones el pueblo salió a las calles contra el ‘paquetazo neoliberal’.
Dos días de paro transportista, 3 y 4 de octubre, dieron paso al estallido social hasta el 13 de octubre, en el que encabezados por el movimiento indígena, participaron trabajadores, estudiantes universitarios, amas de casa, intelectuales, académicos y campesinos, entre otros sectores.
Quito se volvió el centro de la acciones de resistencia indefinida, según declararon líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), principal fuerza en las movilizaciones, que encontraron como respuesta una brutal represión por parte de la policía y las Fuerzas Armadas.
Vehículos militares, efectivos a caballo, gases lacrimógenos y perdigones, fueron algunos de los mecanismos utilizados por la fuerza pública para intentar dispersar a los manifestantes, que no acallaron la voz. De un lado, el presidente de la república mantuvo que no daría marcha atrás en la eliminación de los subsidios y del otro, la ciudadanía unida demandó el fin de la medida, inscrita en un plan de ajuste adoptado como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para garantizar acceso a un crédito de cuatro mil 200 millones de dólares.
La Defensoría del Pueblo divulgó siete informes durante los 11 días de paro, que confirmaron al menos ocho muertes, mil 192 detenciones y mil 340 heridos como resultado de esas jornadas y de los enfrentamientos.
A propósito de los hallazgos, la instancia reiteró llamados al gobierno nacional a frenar la respuesta violenta contra los movilizados y a promover el diálogo para encontrar soluciones al conflicto.
Los datos contrastan con los emitidos por la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien cifró en seis los fallecidos, según dijo, de manera ‘accidental’.
En el marco del levantamiento, el dignatario denunció un supuesto intento de desestabilización del gobierno, ante algunos hechos violentos registrados a propósito de la protesta, que tildó de intentona golpista, de la cual responsabilizó a su antecesor, Rafael Correa, y al jefe de estado venezolano, Nicolás Maduro.
Mientras los efectivos no dejaron de reprimir al pueblo, Moreno insistió en su intransigencia a derogar el Decreto 883 y en las acusaciones contra Correa y sus exfuncionarios, desde Guayaquil, a donde transfirió la sede de la presidencia, ante el avance de los movilizados hacia el Palacio de Carondelet.
Como resultado, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, enfrenta investigación penal por supuesta rebelión, junto a otros denominados ‘correístas’, tres asambleístas del Movimiento Revolución Ciudadana tienen protección en la embajada de México en Quito, y las denuncias de persecución política contra opositores a Moreno son crecientes.
Un total de 11 días duró la resistencia nacional, que además de reclamar el restablecimiento del subsidio a combustibles, pedía la salida del FMI de Ecuador e incluso la renuncia del mandatario, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, y la titular de Gobierno, María Paula Romo, por la ola represiva contra el pueblo, que se extendió hasta los centros de acopio y refugio de miles de indígenas, entre ellos cientos de madres con hijos.
El Ágora de la casa de la Cultura Ecuatoriana, el Pabellón de las Artes y las universidades Salesiana y católica, considerados zonas de paz, fueron blanco de gases lacrimógenos, a pesar de concentrar a los movilizados en las madrugadas y atender heridos durante todo el día, labor que realizaron voluntarios, en especial estudiantes de medicina, considerados por muchos como los ángeles de la protesta.
En ese contexto, el mundo conoció la realidad de Ecuador a través de medios de comunicación alternativos, independientes, extranjeros, comunitarios y digitales, pues la prensa nacional optó por una programación para nada relacionada con lo que acontecía, lo cual despertó fuertes críticas.
La arremetida contra esas vías de información también fue excesiva, con el cierre temporal de canales como Telesur, represión y amenazas contra periodistas, incluso, a través de la inhibición de transmisiones o señal de internet desde varios puntos de concentración.
Finalmente, la calma comenzó a partir de la decisión de Lenín Moreno de derogar el Decreto 883, con lo cual se dieron por terminadas las medidas de hecho en Quito y en las otras provincias donde también se mantuvo el levantamiento.
Tras 11 jornadas de paros, enfrentamientos, agresiones y destrucción, se abrió el diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena, en representación de los sectores en protesta, para elaborar otra regulación, sobre los combustibles, en la cual los más vulnerables no resulten afectados.
A juicio de algunos analistas políticos, la rebelión fue una muestra del despertar de los ecuatorianos, conscientes del daño de las recetas del FMI y preocupados por el giro del gobierno electo en las urnas para dar continuidad a una década de logros sociales, lo cual no han visto materializar.
Mientras se espera una solución que no afecte a la mayoría, también se requiere reparación, no solo al daño estructural o patrimonial en las ciudades, sino también a los perjuicios físicos, a las víctimas y sus familiares.
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