La Paz-. El binomio Carlos Mesa-Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudad (CC), ubicado segundo en la intención de los votantes, esconde hoy tras una cortina oscura su plan neoliberal para Bolivia.
Esa fórmula política intenta confundir al electorado con la promesa de ‘un gobierno ciudadano’, cuando en opinión de la presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, establecieron alianzas que son sinónimo de privatización.
El primero, de 66 años, periodista, documentalista y escritor, hijo de dos arquitectos e historiadores del país, hizo carrera en España para luego retornar e inscribirse en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
En 2002 resultó candidato a vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que al ganar las elecciones y carecer de la mayoría necesaria se vio obligado a cerrar lazos con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Sin embargo, pronto el descontento social provocó una andanada de movilizaciones populares (enero, febrero y octubre de 2003), las cuales llevaron a la renuncia del jefe de Estado, cargo que ocupó Mesa como sucesor constitucional durante los siguientes dos años.
En su contra pesa una acusación de Rogelio Mayta, abogado de las víctimas de la matanza ejecutada durante la llamada guerra del gas de aquel año en la ciudad de El Alto, por sacar provecho ilícito entonces de sus cargos públicos.
El también candidato a senador en representación del gobernante Movimiento al Socialismo, afirmó que Mesa desde su posición de vicemandatario del gobierno cobró 400 mil bolivianos (más de 52 mil dólares) provenientes del lavado de dinero. Por otra parte, el periodista y escritor Emilio Martínez reveló en el libro El caudillo ilustrado que el MNR se comprometió en 2002 a pagar la suma de 1,2 millones de dólares para que el actual candidato aceptara ser postulante a vicepresidente de Sánchez de Lozada.
A todo ello, quien inició su campaña al frente del CC como heraldo de la transparencia y abanderado de la lucha contra la corrupción, de manera reiterada y durante cerca de tres meses mantiene su negativa y asegura que no va a ‘a explicar nada que tenga ver con una guerra sucia’.
El otro integrante del dúo, Gustavo Pedraza, fue exministro de Desarrollo Sostenible y Planeación Territorial cuando Mesa fungió como la máxima autoridad nacional (2004 a 2005) y sobre sus hombros pesan igualmente sospechas sucias de aquella etapa.
En una investigación, un comité de la Asamblea Legislativa Plurinacional (Parlamento) vinculó con presunto lavado de dinero al abogado, docente universitario, consultor, analista y máster en administración pública de la universidad de Harvard, Massachusetts, Estados Unidos.
De acuerdo con informaciones difundidas por los medios, en el caso Lava Jato, Pedraza firmó dos documentos que facilitaban la contratación de empresas brasileñas para construir dos carreteras en territorio boliviano.
No obstante, el ejecutivo de la empresa Gestión Capital-Social continúa a su paso y en el programa radial Contacto OPINIÓN, planteó la necesidad de una apertura boliviana al mundo y aseveró que de llegar su partido al poder se restablecerán las relaciones con la Casa Blanca.
En cambio, negó el retorno de la DEA (Administración para el Control de Drogas del Gobierno de Estados Unidos) al territorio andino amazónico, con el argumento de que primero está la soberanía y autodeterminación de Bolivia.
Pedraza sigue la línea central de Mesa: son fundamentales la construcción de instituciones democráticas, institucionalización en la Aduana, Impuestos Nacionales y la Administración Boliviana de Carreteras, tres instituciones clave en la recaudación y en el gasto.
Ambos lanzan lo mejor de su artillería proselitista: plantean otro ajuste en el ámbito económico, la puesta en marcha de la ‘diversificación económica’ para terminar con el ‘extractivismo’, incentivar la inversión privada y así generar nuevas oportunidades laborales, según expresan.
Mesa últimamente jugó con la integridad de los departamentos, reavivó antiguas disputas entre Chuquisaca y Santa Cruz y puso en tela de juicio el equilibrio político institucional nacional al comprometerse con el traslado del órgano legislativo y del Ejecutivo de La Paz, a la capital, Sucre.
Todo ello y más, criticado por el resto de las fuerzas de oposición casi a la par del oficialismo, que resaltan ese pasado oscuro, la desconfianza, la ambivalencia e incertidumbre generadas, incompatibles con la oportunidad de un Estado y futuro seguros.
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