Por La Época-.
Como no podía ser de otra forma, el cierre de Página Siete dio paso a que varias organizaciones de periodistas engañosamente autodenominados “independientes”, como la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANPB), exclamaran su indignación por la supuesta asfixia económica a la que fue sometido el matutino perteneciente a la familia Garafulic, exponiendo de esa forma la hipocresía, quizá inconsciente, de su pensamiento y su concepción de las relaciones entre sociedad y el Estado, en la que el segundo no debería intervenir sobre la primera más que como un garante del derecho de propiedad. Si se fuera consecuente con aquella idea, no cabría reclamo alguno sobre la supuesta obligación del Estado para subvencionar la actividad empresarial, supuestamente autosuficiente, mientras no se la obstaculice políticamente.
No obstante, los últimos años han evidenciado la incoherencia política de estos sectores que hoy se lamentan por la súbita muerte del medio en cuestión. Basta como ejemplo los jugosos contratos y pautas publicitarias otorgadas por el gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez no solo a periódicos, canales de televisión o estaciones de radio, como la propia Página Siete, sino a periodistas entonces abiertamente simpatizantes con la gobernante autoproclamada, que se paseaban por el Ministerio de Comunicación para financiar sus propuestas burlonamente presentadas como “independientes”. Por ahí pasaron politólogos, opinadores y “especialistas” conocidos por su rechazo visceral al MAS sin que ello los sonrojara siquiera un poco.
Página Siete no era un medio “independiente”, plural o siquiera profesional. Ya se documentaron muchos de sus titulares más tergiversados, engañosos o abiertamente falsos, como el que publicaron la mañana de las elecciones del 20 de octubre de 2019 adelantándose a un supuesto empate cuando las elecciones se encontraban recién empezando, sin mencionar el supuesto bebé muerto en Chaparina o el inexistente hijo de Evo Morales con Gabriela Zapata.
Sus ataques frontales al Gobierno mediante la presentación parcial de la información o el encubrimiento hasta ridículo de los errores de la oposición y sus sectores afines (ridículo porque hoy en día la tecnología hace ya imposible esconder hasta los aspectos más privados de nuestras vidas) eran una cuestión cotidiana para una población que se hacía cada vez más consciente de su malintencionada práctica periodística. Su tratamiento del caso del Banco Fassil es uno de los ejemplos lamentables de esta tendencia, que incluyó editoriales que llamaban por su rescate, por si fuera poco. Garafulic tendrá que responder a las acusaciones que lo vinculan con ese banco.
Y para hacer más elocuente el tipo de intereses que respaldaban a este medio, hace unos días la Embajada de los Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) emitieron comunicados lamentando el cierre del periódico, después de haber jugado un rol abiertamente injerencista durante la llamada crisis postelectoral de 2019. Y lo hacen mientras las autoridades diplomáticas, gubernamentales y hasta militares de sus países de origen expresan abiertamente su interés por nuestros recursos naturales. La articulación de intereses es, entonces, clara. No importa cuanto pretendan disimularlos.
Nosotros, por otro lado, admitimos abiertamente nuestras simpatías, inclinaciones e intenciones: somos un medio de izquierda que apuesta por el Proceso de Cambio y desea influir en su radicalización. No despreciamos voces diferentes o incluso opuestas a nuestra visión de la realidad, pero solo respetamos a aquellas que hablan con verdad. Y ese era el problema con Página Siete: mentía.
La sociedad boliviana jamás será un remedo bolchevique ni guerrillero. Tendrá su propio sello y, ¿por qué no?, su propia oposición. Pero una oposición a la altura del país, con medios que debatan ideas y no reproduzcan prejuicios. ¡Bolivia merece un medio opositor que no mienta!
Que en paz descansen.
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