Bolivia acaba de realizar sus primeras elecciones judiciales el domingo 16 de octubre, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y con la conciencia clara que se requieren otros pasos para garantizar una justicia de calidad —desburocratizada y desmercantilizada— al servicio de toda la población.
El resultado de la votación ha provocado una polémica, todavía no concluida, a partir de que es la primera vez que se registra un alto porcentaje de voto nulo, cuyas diversas causas han sido reducidas por la oposición a una presunta posición de rechazo al gobierno del presidente Evo Morales y al proceso de cambio iniciado en enero de 2006. Pero el voto nulo tampoco tiene la dimensión que esperaba la oposición y los votos válidos se han impuesto en cinco de los nueve departamentos.
Si bien todavía no ha concluido el recuento oficial de los cinco tipos de votación, es perfectamente posible hacer algunas precisiones sobre este inédito proceso en el mundo.
Primero, es poco serio hablar de que esta es la primera derrota electoral de Evo Morales. Eso es mezclar papayas con manzanas, ya que el jefe del Estado Plurinacional no fue candidato en unas elecciones que por mandato de la Constitución Política del Estado deberían tener un carácter ciudadano y no partidario.
Por lo demás, un repaso del comportamiento electoral de la población desde 2002 permite apreciar que los niveles de participación, votos válidos, nulos, blancos y abstención difieren mucho cuando se trata de actos electorales nacionales de los locales.
De hecho, sin negar que un alto porcentaje nulo se explique por una posición concreta frente a las elecciones judiciales, lo que no significa una ruptura con el proceso de cambio, y en menor porcentaje por atender favorablemente al llamado de los partidos de oposición, es evidente que la complejidad de la votación y la insuficiente campaña informativa aportan elementos para evaluar los alcances de una gran parte del voto nulo.
Segundo, los únicos partidos que hicieron una activa campaña por el voto nulo fueron los de la oposición, ya que la poderosa maquinaria electoral del MAS brilló por su ausencia, en cumplimiento de la decisión del presidente Morales de no partidizar unas elecciones de naturaleza ciudadana.
Tercero, el resultado de las elecciones judiciales arroja un mayoritario voto identitario, ya sea nacional-cultural o de género, lo cual es una clara señal de la fuerza con la cual el proyecto descolonizador y despatriarcalizador ingresará al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional.
Cuarto, no hay duda que los magistrados elegidos cuentan con la legitimidad necesaria para asumir sus funciones en enero del siguiente año y que es improbable que prospere el pedido de renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral planteado por la oposición, en un acto de los muchos que hace para bloquear la aplicación de la Constitución.
De lo que se trata, por tanto, es que los magistrados que asuman sus funciones por mandato popular trabajen, en coordinación con los otros órganos del Estado, pero manteniendo su independencia, para construir condiciones favorables para una justicia de calidad.
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