Por Carlos Echazú Cortéz-.
A nadie debería quedarle duda en torno a que Bolivia vive una coyuntura muy particular y delicada a la vez. Salimos de un gobierno de facto que fue encumbrado por un golpe de Estado. Las características de ese golpe de Estado fueron también muy particulares, puesto que el bloque golpista, conformado por una variedad de fuerzas sociales y políticas conservadoras, pretendió darle a su golpe el barniz de «una sucesión constitucional, después de la renuncia de Evo Morales, provocada por una protesta social».
De este modo, intentaron mostrar una cara democrática a Bolivia, como al resto del mundo. Ese enmascaramiento del golpe era vital a sus intereses puesto que un golpe duro, al estilo de los militares de la década del 70, no podía ser aceptado ni en Bolivia ni el exterior. Además, varios de los golpistas esperaban tener un futuro político luego del golpe, y por eso debían evitar mancharse con el estigma de golpista. El plan consistía en que, a partir de la toma del poder, enrumbarían el desarrollo de los acontecimientos hacia la restauración de una democracia controlada, como la que estuvo vigente en nuestro país antes de la irrupción del Proceso de Cambio, de tal modo que se reintrodujera el neoliberalismo, así como el sometimiento a los poderes imperialistas, tanto de empresas transnacionales, como de poderes geopolíticos, entiéndase de Estados Unidos.
Obviamente este resumen del plan golpista es una simplificación, y a la vez un intento de síntesis, puesto que en el bloque golpista coexistían sectores diversos, incluyendo sectores fascistas, para quienes la restauración de una «democracia» tendría que adoptar formas y procesos más acordes a sus lógicas segregadoras y racistas (entiéndase de ese modo el apelativo de «bestias humanas, indignas de ser llamados ciudadanos» con el que Rómulo Calvo se refirió los campesinos bloqueadores en el conflicto de agosto).
Ahora bien, los planes golpistas se fueron yendo por la borda a medida que el régimen de Áñez hacía aguas por todos lados y a la vez que la candidatura del Movimiento Al Socialismo (MAS) crecía inconteniblemente. Hasta que llegó el día de las elecciones del 18 de octubre, con el que los sueños de los golpistas se transformaron en su peor pesadilla. No solamente el MAS había ganado en primera vuelta, sino que lo hizo de modo abrumador. Todos estos hechos configuran elementos importantes de la coyuntura actual.
Se tiene entonces un bloque golpista debilitado por su derrota electoral y dividido entre las distintas fracciones que se culpan mutuamente por el descalabro. Sin embargo, están ahí. Su derrota si bien resultó fuerte y contundente, no los ha eliminado políticamente. Después del arrebato obviamente pretenden reestructurarse en base a los mismos factores que dieron impulso a su golpe el año pasado.
Es en este marco que debe entenderse el conflicto suscitado en torno a los dos tercios en el Parlamento. ¿Qué es lo que realmente está detrás de esta pretensión de la derecha? Se ha explicado hasta el cansancio que el requerimiento de dos tercios en las designaciones de autoridades como el Contralor General, Fiscal General, Defensor del Pueblo, Vocales de los Tribunales Electorales, estipulados en la Constitución, no han sido anulados ni tampoco podían serlo por la decisión unilateral de la bancada mayoritaria del MAS.
Lo que está en juego en la modificación del Reglamento de la Cámara de Senadores es la aprobación de los ascensos a Generales en las Fuerzas Armadas, es decir, el factor de poder que les permitió llevar adelante el golpe de Estado el año pasado. Ahí, y no en otro lado, está la razón del berrinche que hace la derecha con el tema de los dos tercios. Pretenden, de este modo, obtener control sobre los ascensos a generales y controlar el poder militar.
En este marco, es importante advertir que el requerimiento de dos tercios en la toma de decisiones no es en absoluto una fórmula democrática, como pretende la derecha. Al respecto, han puesto de relieve la necesidad de «llegar a consensos para que las mayorías no aplasten a las minorías», postulando este dizque principio como el súmmum de la democracia. En realidad el requerimiento de los dos tercios es un principio profundamente antidemocrático, pues implica un veto de la minoría que le impide a la mayoría adoptar determinaciones.
Así pues, en el tema de los dos tercios la derecha golpista pretende imponer el mecanismo antidemocrático del veto de la minoría para obtener un control sobre las Fuerzas Armadas y exponer al país a la constante amenaza de un nuevo golpe de Estado.
* Militante de la izquierda boliviana
Deja un comentario