En todo caso hay visos de esperanza para que en el país se instalen tribunales especiales para la atención a víctimas de violencia machista, pero la historia y la realidad evidencian que una ley por si sola no cambia nada sino se garantizan los recursos que posibiliten su implementación y si no se incorpora personal idóneo, capacitado, comprometido con la vida y los derechos humanos
Cada día 7 de cada diez mujeres son violentadas, insultadas, golpeadas, vejadas, violadas y asesinadas generalmente a manos de sus concubinos, maridos, compañeros y parejas sentimentales; luego de una vida de calvario solitario y doloroso de un sistema judicial cruel, inoperante, profundamente machista, asentado en el tráfico de influencias, burocracias ineficientes e interminables, y que en cada procedimiento revictimizan, maltratan y humillan a ciento de miles de mujeres, principalmente de escasos recursos.
El 2012 se estima que se han cometido 150 feminicidios, asesinatos violentos, con premeditación, ensañamiento, alevosía o motivos miserables contra mujeres, a la fecha no se registran sentencias contra los asesinos. Por procedimientos infames que comienzan en el martirio de la denuncia ante la FELCC luego de largas esperas, sumadas a los infiernos de los exámenes forenses, si es que se tiene la ventura de ser atendida oportunamente y ni que se diga de las peregrinaciones en estrados judiciales. Calvario por el que pasó Analí Huaycho Hannover, la joven periodista de PAT, asesinada bestialmente por su esposo, el oficial de policía Jorge Clavijo, ante la mirada aterradora de su pequeño hijito, historia idéntica a la de cientos de mujeres ya muertas que vivieron el mismo infierno.
Si bien la Asamblea Legislativa Plurinacional debatirá el proyecto de ley sobre la protección integral para las mujeres y otra norma que modificaría el Código Penal para incorporar como delito el “feminicidio”, el asesinato de una mujer por su condición de mujer, con la sanción máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto, sería ideal que se incorporasen sanciones drásticas contra los servidores públicos de todos los poderes del Estado que atentasen contra la vida de las mujeres, en sujeción a la Constitución Política del Estado, que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Pero además, que las normas contemplen recursos económicos para fortalecer un sistema estatal de protección a las mujeres, con personal idóneo, como las endebles Brigadas de Protección a la Familia y los Servicios Legales Integrales, dotándoles de ítems para médicas forenses, médicas de distintas especialidades, psicólogas, trabajadoras sociales y personal capacitado para atender a víctimas de violencias y lo ideal, infraestructura y personal para casas transitorias de acogida, con la misma celeridad con la que se otorgan recursos para otras demandas. Las mujeres estamos muriendo a diario ante la impávida mirada e inacción de estructuras estatales que vulneran los derechos humanos de las mujeres.
En todo caso hay visos de esperanza para que en el país se instalen tribunales especiales para la atención a víctimas de violencia machista, pero la historia y la realidad evidencian que una ley por si sola no cambia nada sino se garantizan los recursos que posibiliten su implementación y si no se incorpora personal idóneo, capacitado, comprometido con la vida y los derechos humanos, frente a un sistema de funcionarios/as —nacionales, departamentales y municipales— indolentes con la vida y la dignidad de las mujeres, que como primera salida apelan a la conciliación, a las agresiones permanentes amparados en los vericuetos procedimentales o al trafico de influencias y que cotidianamente atentan no sólo contra la propia Constitución, sino contra otras leyes reconocidas por el país como La Declaración de Viena sobre la eliminación de la Violencia en contra la Mujer que llevó a que la violencia contra la mujer sea considerada como violación de los derechos humanos o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belem Do Para, fundamentado en los derechos básicos como el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad personal y el derecho de igualdad de protección ante la ley y de la ley, otorgando responsabilidad a los Estados para que se adopten medidas y acciones especificas para eliminar la violencia contra las mujeres.
La agenda legislativa está planteada, por lo que además demandamos a que el Órgano Judicial, la Fiscalía, la Policía y otras instancias del Estado cumplan con lo que establece la Constitución Política del Estado, para que más mujeres NO pierdan la vida y para que dejemos de situarnos como uno de países con los mayores índices de violencia hacia las mujeres y de feminicidio. ¡Basta de impunidad, tráfico de influencias e injusticias! ¡Paremos el feminicidio!
* Feminista queer
y periodista
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